Cuetzalan: El sincretismo jurídico

Por José Melville Rubio

Desde 1990, con la ratificación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que exhorta a que los pueblos participen en la toma de decisiones sobre asuntos que les conciernen, México adicionó un párrafo al Artículo 4° Constitucional en el que reconocía la composición pluricultural del país.

Sin embargo, la cuestión jurídica indígena cobró fuerza hasta 1994 con el levantamiento del EZLN. Con los Acuerdos de San Andrés y la posterior Ley Cocopa, se le reclamaba al Congreso de la Unión la inclusión de derechos específicos para los pueblos indígenas.

“Este nuevo marco legal nacional, el cual supuso una nueva relación entre Estado y los pueblos indígenas, ha promovido el desarrollo de diversas reformas legales en los estados” . Así fue como, en 2004 en Puebla, se reformó la constitución local en materia indígena, tomando como base el 2° Constitucional.

La inclusión en la legislación poblana de los juzgados indígenas y de los procedimientos de justicia indígena como medios alternativos, parece formar parte de un proceso que pretende modernizar y descentralizar la justicia.

Fue así, como en el año de 2002 se le informó al entonces presidente municipal, Jesús González Galicia, de las intenciones por parte del estado de formar un juzgado indígena en Cuetzalan y América Latina, a decir del ex presidente municipal.

Para conocer este fenómeno, viajé a Cuetzalan y vi lo que significan los Juzgados, Indígenas y de Paz, en este municipio.

Cuetzalan se encuentra en la región de la Sierra Norte de Puebla, zona predominantemente rural con una importante presencia indígena, que para Puebla representa el 49.9% respecto a la población total y su lengua es el náhuatl. En entrevista con Luis Félix Aguilar, mediador del juzgado indígena, la estructura política de los municipios se compone por: el Ayuntamiento (en Cuetzalan), las Juntas Auxiliares (poblaciones aledañas), así como sus órganos de participación ciudadana.

Con la creación de los juzgados indígenas, se plantean algunos cuestionamientos: si los procesos de cambio en los últimos años entre los pueblos indígenas han significado un debilitamiento o revitalización de los sistemas normativos indígenas; si existe la posibilidad de generar una justicia indígena autónoma a partir de los espacios abiertos por estas nuevas políticas estatales.

El Juez de Paz y el Juez Indígena.

En entrevista con ambos: el suplente del Juez Indígena, Luis Félix Aguilar, y con Miguel Téllez, el Juez de Paz de San Miguel Tzinacapan. A decir del primero, el Juez Indígena y de Paz eran lo mismo; “ambos procuran por el mejor entendimiento entre sus comunidades y buscan soluciones justas para las partes implicadas” dijo Luis Félix Aguilar.

Los estudios sobre los sistemas normativos internos, parten de la premisa que estos pueden ser analizados desde dos espacios: uno que se puede ubicar en sus estructuras o instituciones propias –creadas, impuestas o adoptadas y reconfiguradas por mecanismos internos-; y otro, en las instituciones o medidas instrumentadas desde el Estado, “desde arriba”- las cuales después también pasan a ser propias, pero con carácter de oficiales.

En el caso de Cuetzalan, la institución que defiende el Juez Indígena es creada; pues fue el Estado el que la instauró y hasta cierto punto regula. Digo “hasta cierto punto” ya que de él dependen económica y políticamente. Es el Estado quien escoge entre tres candidatos al “más apto”.

Por otra parte, el Juez de Paz, es una autoridad que data desde tiempos prehispánicos y que el Estado ignoró para crear su propia noción de “justicia indígena”. Miguel Téllez, marca una diferencia importante entre los jueces de Cuetzalan y él; “nosotros no tenemos recursos, siempre nos faltan hojas y plumas. Debemos cobrar de 10 a 15 pesos por acta firmada”.

A pesar de sus contrastes, ambos concordaron en sus tareas, “la mayoría de los casos tratan acerca de peleas por terreno”. Y fueron esas “peleas por terreno” que orillaron a Luis Félix a convertirse en “mediador” como él lo llama. “Yo hasta terminé en la cárcel por algo así. Sucede que un señor se quejó de que yo estaba ocupando parte de su terreno, y no era así. El señor era poderoso y ante la omisión de mis quejas por parte del Juez de Paz y la justicia estatal, paré en la cárcel. Desde que salí quise ser Juez de Paz (ahora indígena) y por fin lo conseguí”.

Ahora bien, una cosa es sólo preguntarle a los implicados, pero ¿qué opinan los pobladores y la policía sobre el trabajo de los jueces de paz e indígenas?

Según el sondeo realizado, la mayoría ya no cree en la función del Juez de Paz pues piensa que se ha corrompido; sin embargo, lo siguen viendo como una autoridad importante. Gran parte de los sondeados, prefiere llevar sus problemas directamente con la policía. Esto es fundamental pues recordemos que la generalidad de la comunidad de Cuetzalan, vive en otros pueblos donde no hay policía, sólo Juez de Paz y/o Presidente de Junta Auxiliar.

A pesar de lo dicho por el mediador, “lo que más pondero yo de mi trabajo es el náhuatl. Si a la gente le hablas en el idioma que domina y en el que mejor se expresa, es más fácil llegar a una solución. Otra cosa importante es el diálogo, al regirnos por un código plenamente oral, esto es fundamental.” Muchos pobladores prefieren a la policía pues así no forzosamente se tienen que entrevistar con el denunciante o denunciado; además piensan que un caso es más formal si se lleva en papel.

Independientemente de lo que la población cuestione de su trabajo, todos, quizá cayendo en una contradicción, aseguran que es fundamental su función como sostén de la comunidad de Cuetzalan y de San Miguel Tzinacapan, es este caso. Creen, firmemente, que es parte de su tradición y que no la pueden dejar de un lado (hasta los policías concuerdan).

De similar manera piensa el presidente de la Junta Auxiliar de San Miguel, Antonio Félix Zamora. Él se llamó a sí mismo como “un hombre que ha viajado y leído”, que no se conforma con una “legislación” de usos y costumbres pero sobretodo, respetuoso por las maneras en que su comunidad se maneja.

Antonio es un hombre de 45 años que se dirige a mí sin mirar mis ojos, habla en voz pausada y medita cada una de las preguntas que le planteo. ¿Quién le rinde cuentas a quién, el Juez de Paz a usted o viceversa? –Lo que sucede aquí es que ambos somos autónomos del otro. Claro que hay temas en los que tenemos que trabajar en conjunto, pero la gran mayoría se maneja aquí. Cabe señalar que los jueces de paz no están facultados para imponer multas o castigos, simplemente median entre las partes para llegar a un acuerdo; sus casos son sobre disputas cotidianas, digámoslo así pues cuando la falta es más grave, ellos mismos llaman a la policía para apoyarlos. (Según cálculos de los mismos jueces, ellos tratan alrededor de 30 casos por mes; la policía, de acuerdo a datos proporcionados por el encargado de los teléfonos en la estación, 30 a la semana, si no es que más)

Antes de que se eligiera al nuevo Juez de Paz de San Miguel, Miguel Téllez, ambas entidades compartían edificios; la Junta Auxiliar abajo y el Juez de Paz arriba. Después de unos meses, la oficina del Juez de Paz fue trasladada a unas cuantas cuadras de distancia; según el Juez porque él le estaba quitando chamba al Presidente y de acuerdo con el Presidente para “marcar, de manera tajante, una división entre tradición y política”.

Así es como la justicia se lleva a cabo en estas dos entidades, la mixtura entre poder formal y tradiciones; unos admiten más autoridad que el otro; sin embargo, ambos se respetan. En lo que concierne a los pobladores el “ya no confío” y el respeto; a pesar de ya no sentirse tan cómodos con la justicia tradicional y el rechazo que sienten con respecto a la injerencia del estado en las decisiones, el respeto siempre estará en primer lugar. Sin lugar a dudas, este sincretismo que marca a Cuetzalan es una de las razones por las que no se percibe inseguridad en las calles, ni un descontento social alarmante. Bueno, eso, en el tiempo en que estuve ahí…

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